La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, tras recibir denuncias del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte, se investigó y desmanteló una red de corrupción integrada por empleados de escuelas de manejo, empresas examinadoras y trabajadores del Viceministerio de Transporte. Estos, a cambio de dinero, facilitaban la obtención ilegal de licencias de conducir.
De acuerdo con la Fiscalía, la estructura operaba en los alrededores de SERTRACEN en San Miguel, donde ofrecían alterar los resultados de las pruebas reprobadas. “Gracias a las técnicas especiales de investigación implementadas junto a la Policía, se ha determinado que esta estructura cometía irregularidades en los trámites de licencias de conducir”, detalló la institución.
Las investigaciones revelaron que la red cobraba entre $800 y $1,000 por agilizar la obtención de licencias, sin que los beneficiados realizaran los exámenes establecidos por la ley. En algunos casos, incluso, se comprobó que los solicitantes no sabían leer ni escribir.