La Fiscalía General de la República ha solicitado que el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, junto con su grupo familiar, reintegren casi un millón de dólares, además de ser inhabilitados para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Un experto contable, juramentado por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, será el encargado de definir el monto total con el que el exfuncionario y su familia se enriquecieron ilícitamente.

La Fiscalía, a través de la Unidad Anticorrupción, presentó 61 puntos de pericia para que sean analizados y se dictamine sobre el incremento patrimonial no justificado y el origen de los fondos. Preliminarmente, el Ministerio Público ha señalado un enriquecimiento ilícito de $992,699.52. La acusación se basa en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que certifica que el exfuncionario incrementó su patrimonio sin poder justificar la procedencia de los fondos, lo que da lugar a las irregularidades detectadas.

Roberto d’Aubuisson enfrenta esta demanda en su calidad de exdiputado propietario de La Libertad por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) entre mayo de 2012 y abril de 2015, así como alcalde municipal de Santa Tecla durante dos períodos consecutivos, de mayo de 2015 a abril de 2021. En total, se le cuestionan 26 irregularidades relacionadas con depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito por un monto de $480,851.01.

A su esposa, Jackeline Janet López d’Aubuisson, se le han señalado 24 irregularidades que suman $513,428.64. Además, su hijo, Roberto José d’Aubuisson López, no justificó dos irregularidades por $15,480, y su hija, Johanna d’Aubuisson López, es demandada por ocho inconsistencias que totalizan $12,939.87.